Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), volvió a quedar en el centro del escándalo de corrupción que ha estremecido a la entidad, luego de reconocer su participación en las maniobras investigadas por el desvío de recursos públicos y pedir perdón públicamente. Romero figura entre los contratistas vinculados al segundo capítulo del caso UNGRD, relacionado, entre otros hechos, con un convenio de $100.000 millones entre la Agencia Nacional de Tierras y la entidad.
El caso toma mayor fuerza porque Romero no es un nombre aislado dentro de la investigación. La Fiscalía la ha señalado junto a Édgar Eduardo Riveros Rey y Ana María Riveros Barbosa, con quienes se adelantan conversaciones para posibles preacuerdos y principios de oportunidad. De hecho, en mayo de 2026 se conoció que los tres procesados negociaban beneficios judiciales con el ente acusador, mientras el proceso fue separado para continuar las diligencias relacionadas con ellos.
La investigación hace parte de una trama mucho más amplia que involucra a exfuncionarios y contratistas y que incluye presuntas irregularidades en contratos de carrotanques, obras para garantizar el suministro de agua y otros negocios de la UNGRD. En uno de los expedientes, la Fiscalía sostuvo que un contrato de $29.000 millones para carrotanques habría tenido sobrecostos por más de $11.000 millones. Ahora, el reconocimiento de Romero podría convertirse en una pieza relevante para esclarecer cómo operaba la estructura y hacia dónde terminaron los recursos públicos.
