El salvamento parcial de voto de los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda abrió un nuevo debate sobre la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra Wadith Manzur y Karen Manrique. Según los disidentes, la resolución estuvo influenciada por presiones externas y no cumplió con los estándares probatorios exigidos en esta etapa procesal. Para ellos, la privación de la libertad debe ser excepcional y no puede basarse en pronósticos especulativos ni en generalizaciones sobre la función congresual.
Los magistrados resaltaron que la gestión de recursos por parte de los congresistas es una facultad legítima reconocida por la Constitución y la ley, y que solo se convierte en delito si se prueba un beneficio particular o económico, algo que, según su análisis no se acreditó con rigor en el caso de Manzur y Manrique. Además, cuestionaron que no existieran nuevos elementos que justificaran variar la situación jurídica de los procesados, quienes ya habían enfrentado etapas previas en libertad.
En cuanto a la causal de “peligro para la sociedad”, Reyes y Rueda fueron enfáticos en que no se demostró que la libertad de Manzur representara un riesgo real para bienes jurídicos tutelados. Criticaron lo que llamaron un regreso al “peligrosismo”, doctrina erradicada del derecho penal moderno, y advirtieron que la decisión mayoritaria se apoyó en especulaciones más que en pruebas. Con este salvamento, se abre la discusión sobre si la Corte actuó bajo la presión del “qué dirán” y de la opinión pública, más que por la objetividad que exige la justicia.
