El Ministerio de Trabajo de Colombia expidió la Resolución 5130 de 2023, en la que ordena que las personas privadas de la libertad que trabajen dentro de los establecimientos penitenciarios reciban una remuneración justa y acceso a la seguridad social. Según cifras del INPEC, en el país hay más de 104.000 internos distribuidos en 125 cárceles, y la medida busca que quienes desempeñen actividades laborales en prisión cuenten con protección estatal como parte del proceso de resocialización.
El documento oficial establece tres modalidades de trabajo: directo, indirecto e independiente. En el caso del trabajo directo, la remuneración será proporcional al tiempo efectivamente trabajado y se actualizará cada año según el IPC. Para el trabajo indirecto, realizado para entidades públicas o privadas, el pago no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. Además, se recalcó que ningún interno podrá trabajar de manera gratuita, que la jornada no podrá superar las ocho horas diarias y que todos deberán estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. La resolución también abre la puerta para que los reclusos puedan cotizar a pensión o vincularse al programa BEPS de Colpensiones.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca que el trabajo penitenciario deje de ser informal y se convierta en una herramienta real de reintegración social. El reconocimiento de derechos como el salario, la pensión y el acceso a la seguridad social representa un paso histórico en la política penitenciaria del país, orientado a que los internos puedan proyectar un futuro más digno y tener mejores oportunidades al regresar a la sociedad.
