En los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella, la política migratoria y de cooperación judicial internacional se ha convertido en uno de los ejes más visibles de la administración. De acuerdo con cifras divulgadas por el Ejecutivo, las autoridades han intensificado los operativos para identificar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular y a personas requeridas por la justicia, en una estrategia que, según el Gobierno, busca fortalecer la seguridad y el orden público en el país.
Los reportes oficiales señalan que entre agosto y finales de octubre se realizaron 812 procedimientos de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros, mientras que en noviembre continuaron los operativos en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. El Gobierno ha sostenido que estas acciones se han dirigido principalmente contra personas con antecedentes judiciales, requerimientos internacionales o presuntos vínculos con actividades delictivas. Al mismo tiempo, la administración ha reiterado que las medidas no están orientadas contra la población migrante en general y que quienes cuentan con permisos de permanencia vigentes mantienen sus garantías dentro del marco legal colombiano.
En materia de extradición, la Presidencia informó que durante este periodo se autorizaron 167 solicitudes de entrega a autoridades extranjeras, incluidas las de personas señaladas por organismos judiciales de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y estructuras armadas. Entre los casos figuran presuntos integrantes y cabecillas de diferentes organizaciones criminales requeridos por cortes de Estados Unidos. Para el Gobierno, estas decisiones forman parte de una estrategia de cooperación internacional contra las redes delictivas transnacionales; mientras tanto, cada proceso continúa sujeto a los procedimientos y garantías establecidos por la legislación colombiana y los tratados internacionales vigentes.
