Un nuevo revés judicial enfrenta el expresidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado le ordenó retirar, en un plazo máximo de cinco días, al menos 12 publicaciones en su cuenta de X en las que hizo señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y cuestionó la actuación del registrador nacional, Hernán Penagos, y de la Registraduría. La decisión busca proteger los derechos a la honra y al buen nombre de Penagos y de la entidad electoral, que consideraron afectados por esas afirmaciones.
Según el alto tribunal, las publicaciones y declaraciones realizadas por Petro no demostraron que Hernán Penagos fuera responsable de un fraude electoral o de alguna conducta delictiva. Aunque los señalamientos dieron lugar a una denuncia penal contra el registrador, esa circunstancia no constituye prueba de que los hechos denunciados hayan ocurrido. Por eso, la corporación consideró que no se podía presentar como responsable de un delito a un funcionario sin que existiera una decisión judicial en firme que lo estableciera.
La orden también incluye retirar de sus redes sociales y demás canales bajo su administración las declaraciones que hizo durante un consejo de ministros del 14 de julio de 2026, cuando aseguró que existían pruebas de un supuesto fraude en los escrutinios del voto en el exterior. Además, Petro deberá abstenerse de volver a atribuirle al registrador o a la Registraduría la ejecución o participación en un fraude electoral sin respaldo de una decisión judicial ejecutoriada. El pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa la controversia por las denuncias de irregularidades electorales y deja claro que las acusaciones no equivalen, por sí solas, a hechos judicialmente comprobados.
