El nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS ha generado debate público, debido a que la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas once investigaciones en su contra. Entre ellas, un proceso judicial por presuntas irregularidades en la contratación del alumbrado navideño de Cali en 2020, convenio que superó los $10.300 millones y que, según el ente acusador, no habría cumplido con los requisitos legales exigidos para garantizar transparencia en la adjudicación.
Además de este caso, Ospina enfrenta otros expedientes en etapa preliminar relacionados con posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato y violación al régimen de inhabilidades. A lo largo de su trayectoria política, presuntamente, también ha sido objeto de procesos administrativos y disciplinarios por parte de la Contraloría y la Procuraduría, algunos de los cuales derivaron en medidas como presuntos embargos y sanciones temporales, aunque hasta ahora no existen sentencias condenatorias firmes en su contra.
El panorama judicial y disciplinario que rodea al exalcalde de Cali pone bajo la lupa las decisiones del Gobierno nacional en materia de nombramientos dentro del sector salud. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán determinar si las actuaciones de Ospina configuran responsabilidades legales, en un contexto donde la presunción de inocencia sigue siendo un principio fundamental.
