El Cauca vuelve a ser epicentro de tensiones políticas y sociales. A menos de un mes de iniciado el gobierno de Abelardo De La Espriella, el petrismo ha intensificado sus críticas frente a la violencia que golpea la región. Aunque durante su propio mandato no logró contener la crisis, ahora exige respuestas inmediatas al nuevo presidente, en medio de un panorama marcado por asesinatos de líderes sociales, masacres y desplazamientos. La Defensoría del Pueblo ha advertido que la situación configura una grave emergencia humanitaria.
Las voces de Gustavo Petro y Francia Márquez se han sumado al rechazo por los recientes crímenes en Cajibío, donde fueron asesinados la lideresa indígena María Ovidia Palechor y su esposo, James Flor. Ambos habían sido reconocidos por su trabajo comunitario y social. Petro, además de lamentar la pérdida de dos militantes del Pacto Histórico, denunció la presencia de un “nuevo paramilitarismo” en la zona y advirtió que interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional por presunta persecución política, lo que abre un nuevo capítulo de confrontación con el actual gobierno.
Mientras tanto, la oposición ha llamado a la “desobediencia civil pacífica” y ha anunciado la creación de un “gabinete alternativo”, lo que incrementa la tensión política en el país. El gobierno de De La Espriella enfrenta así un doble desafío: responder a la violencia que azota al Cauca y lidiar con un sector opositor que, lejos de reconocer su mandato, busca marcar distancia y mantener viva la confrontación política.
