La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, señalado cabecilla de las disidencias de las FARC. La decisión se produjo luego de que un juez lo declarara persona ausente, tras su inasistencia reiterada a audiencias de imputación. Según el ente acusador, los delitos atribuidos incluyen concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, secuestro simple, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de menores y otros hechos graves que habrían ocurrido mientras participaba en escenarios vinculados a la política de paz total.
De acuerdo con la información oficial, las órdenes de captura contra alias Calarcá permanecen suspendidas en el marco de la política de paz total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Esta medida, adoptada para facilitar procesos de diálogo, ha generado debate público, pues se presume que el señalado continuó con actividades delictivas durante el tiempo en que se encontraba bajo esa condición. La Fiscalía, no obstante, avanzó en la imputación como persona ausente, lo que permite dar curso a las siguientes etapas procesales pese a que el acusado no esté detenido.
El caso refleja las tensiones entre los esfuerzos institucionales por abrir espacios de negociación y la necesidad de garantizar justicia frente a hechos de violencia. Aunque la Fiscalía sostiene que existen pruebas que vinculan a alias Calarcá con múltiples crímenes, el proceso judicial deberá desarrollarse bajo la presunción de inocencia, hasta que un juez determine responsabilidades. La discusión sobre la suspensión de órdenes de captura en el contexto de la paz total sigue abierta y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la búsqueda de acuerdos y la protección de las víctimas.
