El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de la prima especial de servicios que desde 2013 engrosaba el salario de los congresistas. Mediante un decreto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el pasado 19 de enero, se derogó la norma que otorgaba este beneficio, equivalente a $16’914.540 mensuales, creado durante el gobierno de Juan Manuel Santos para sustituir otras primas relacionadas con salud, localización y vivienda.
La medida, que entrará en vigor para los congresistas elegidos en las elecciones de marzo y que asumirán el próximo 20 de julio de 2026, busca ajustar la remuneración de los legisladores a la realidad económica del país. Según el decreto, los ingresos actuales de senadores y representantes “resultan desproporcionados” frente al promedio de la población.
A partir de entonces, la remuneración quedará compuesta únicamente por el sueldo básico ($12’455.244) y los gastos de representación ($22’142.662), reduciendo el ingreso mensual de alrededor de $52 millones a cerca de $35,7 millones.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, destacó que la medida es fruto de años de lucha y de la presión ciudadana expresada en la Consulta Anticorrupción. El debate ahora se centra en si este recorte es suficiente para recuperar la confianza en una institución cuestionada por sus privilegios.
