Durante las manifestaciones registradas ayer en el centro de Bogotá, se reportaron graves hechos en los que miembros de comunidades indígenas habrían retenido a varios funcionarios públicos y utilizado a niños de su misma comunidad como escudos humanos frente a los agentes antidisturbios. Esta situación generó alarma entre las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos, al considerar que se puso en riesgo la integridad de los menores.
De acuerdo con testimonios y reportes de prensa, los niños fueron ubicados en primera línea para impedir el avance de la fuerza pública, lo que incrementó la tensión en medio de los enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo y otras entidades han manifestado su preocupación por el uso de menores en estos contextos, recordando que su protección debe ser prioritaria en cualquier circunstancia.
Las autoridades anunciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Organismos internacionales y nacionales han reiterado que los niños y niñas no deben ser instrumentalizados en conflictos sociales o políticos, y que el Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad y bienestar por encima de cualquier interés.
