La decisión de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, de impedir el ingreso de la minga indígena a Cali, tanto en chivas como a pie, encendió una fuerte controversia política y social en el departamento. La medida fue anunciada en el marco de las movilizaciones previstas antes de la posesión presidencial y, según la mandataria, responde a la crisis humanitaria que enfrenta el sistema de salud, situación que, aseguró, obliga a priorizar la atención y la movilidad en el territorio.
El anuncio generó una inmediata reacción de organizaciones sociales, líderes indígenas, sectores políticos y defensores de derechos humanos, quienes rechazaron la restricción y afirmaron que podría afectar el derecho a la libre movilización y a la protesta pacífica. Además, calificaron la decisión como una postura estigmatizante hacia las comunidades indígenas y exigieron que se garanticen las condiciones necesarias para el libre tránsito y el desarrollo de las manifestaciones dentro del marco constitucional.
Mientras crece el debate, la medida continúa dividiendo opiniones entre quienes respaldan la decisión de la Gobernación por razones de orden público y capacidad institucional, y quienes consideran que la restricción sienta un precedente preocupante para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Se espera que en las próximas horas tanto el Gobierno Nacional como voceros de la minga se pronuncien sobre la controversia, en medio de un ambiente de alta tensión política en el Valle del Cauca.
