El Gobierno de Abelardo De La Espriella recibió un fuerte revés judicial luego de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenara suspender de manera inmediata los bombardeos en zonas donde exista información clara y verificable sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes. La decisión llega en medio de la polémica por la muerte de tres menores de edad durante operaciones militares contra disidencias de las Farc en el Catatumbo, un caso que volvió a poner bajo la lupa los límites de las operaciones aéreas de la Fuerza Pública.
El fallo establece una medida cautelar mientras se resuelve de fondo una tutela relacionada con estas operaciones. El debate se intensificó después de que el Ministerio de Defensa señalara que los menores fallecidos eran combatientes, aunque reconoció que el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado constituye un crimen de guerra. Ahora, el juez ordenó verificar que, antes de cualquier ataque, se hayan adoptado todas las medidas de precaución y protección necesarias y que no exista una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar el objetivo militar.
La decisión representa un duro golpe para la estrategia militar del nuevo Gobierno y obliga a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a garantizar su cumplimiento inmediato. El caso vuelve a encender una pregunta que genera enorme controversia en Colombia: ¿cómo combatir a los grupos armados sin poner en riesgo la vida de menores reclutados por esas estructuras? Mientras se resuelve la tutela, los bombardeos en lugares donde haya información sobre presencia de menores quedan en el centro de una batalla jurídica y política que promete generar nuevas reacciones.
