El senador santandereano Jota Pe Hernández estremeció la opinión pública al revelar que las disidencias de las FARC habrían puesto un precio de 8 millones de dólares por su asesinato y el de otros seis líderes políticos de oposición. Según sus declaraciones, la información proviene de una lista entregada a un fiscal en una cárcel, lo que confirmaría que las amenazas no son rumores sino un plan estructurado de inteligencia criminal.
Hernández denunció además que su hija menor ha sido grabada en la entrada y salida de su colegio, una táctica que calificó como “inteligencia criminal” para intimidarlo, comparando la situación con lo ocurrido al hijo del fallecido Miguel Uribe. El congresista aseguró que estos seguimientos buscan sembrar miedo y silenciar voces opositoras en plena campaña presidencial de 2026.
Ante la gravedad de las amenazas, el esquema de seguridad del senador ha sido reforzado. Incluso relató que un ciudadano con formación militar lo amenazó directamente, caso que ya está en manos de la Fiscalía y que podría terminar en imputación. Hernández insiste en que estos ataques son parte de una estrategia para acallar a quienes cuestionan al Pacto Histórico y a figuras como Iván Cepeda, dejando en evidencia el clima de tensión y riesgo que rodea a la política colombiana.
