El representante a la Cámara Óscar Benavides lanzó fuertes críticas contra el presidente Abelardo De La Espriella por su asistencia al Desfile de Silleteros en Medellín, en medio de los combates y ataques registrados en Cauca y Tolima. El congresista exigió una respuesta inmediata del Gobierno frente a la situación de las comunidades atrapadas en el fuego cruzado. Sin embargo, sus cuestionamientos también abrieron un debate sobre la responsabilidad política frente a una crisis de seguridad que el nuevo mandatario recibió apenas al comenzar su administración, luego de cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.
El contraste resulta llamativo. Benavides llegó al Congreso para el periodo 2026-2030 y respaldó políticamente el proyecto de Iván Cepeda durante la campaña electoral. Ahora responsabiliza directamente a De La Espriella por los hechos violentos en municipios donde las disidencias de las Farc mantienen presencia y capacidad de ataque, pese a que la actual administración llevaba apenas sus primeras horas en el poder.
La pregunta que surge es por qué el representante no mantuvo el mismo nivel de exigencia frente a Petro y a la política de “paz total”, durante cuyo gobierno la presencia y las acciones de grupos armados siguieron golpeando varias regiones del país.
La crítica de Benavides es válida en cuanto a que el Gobierno tiene la obligación de proteger a la población civil y responder con rapidez ante cualquier emergencia. Pero esa exigencia debería ser coherente y no depender de quién ocupe la Casa de Nariño. De La Espriella deberá responder por los resultados de su gobierno, pero pretender atribuirle de inmediato una crisis de seguridad que se viene acumulando desde hace años también alimenta la polarización.
