La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras revelar hallazgos fiscales contra Juliana Guerrero, quien habría utilizado aeronaves de la Policía Nacional para realizar cinco desplazamientos hasta la Universidad del Cesar sin justificación oficial. Según el organismo de control, estos viajes, autorizados por el Ministerio del Interior, no tenían relación con las funciones propias de su cargo y representaron un gasto cercano a 213 millones de pesos solo en combustible.
El informe advierte que la asistencia de Guerrero a un órgano directivo de la Universidad Popular del Cesar no se enmarca dentro de la misionalidad institucional del Ministerio del Interior, lo que constituye una actuación “ineficiente y antieconómica” que terminó afectando recursos públicos. La Contraloría concluyó que el uso de helicópteros oficiales para fines ajenos a la gestión ministerial generó un daño patrimonial al Estado.
El caso tomó mayor fuerza tras la denuncia penal interpuesta por el concejal bogotano Daniel Briceño, quien acusó a Guerrero de peculado por uso. Según la denuncia, la exsecretaria ejecutiva del entonces ministro Armando Benedetti empleó un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar en junio pasado, sin que ese desplazamiento tuviera relación con sus funciones oficiales.
