Un nuevo escándalo por presuntas irregularidades con títulos universitarios sacude al Pacto Histórico y vuelve a poner en tela de juicio los controles sobre las credenciales académicas de quienes llegan a ocupar cargos de poder. Esta vez, la polémica involucra a Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara de esa colectividad, luego de que la Universidad Nacional de Colombia confirmara que no aparece como estudiante ni egresada de la institución y que el supuesto diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia presentado a su nombre no fue expedido por esa universidad. La exdecana Verónica Botero también aseguró que la firma que aparece en el documento no es la suya, mientras que el COPNIA confirmó que le negó la matrícula profesional y anunció acciones ante la Fiscalía.
El caso recuerda inevitablemente el escándalo de Juliana Guerrero, una figura cercana al expresidente Gustavo Petro que aspiraba a convertirse en viceministra de las Juventudes y terminó involucrada en un proceso por presentar títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José. En septiembre de 2026, Guerrero admitió ante un juez que incurrió en fraude procesal al presentar esos documentos para aspirar al cargo y fue condenada a 36 meses de prisión, mediante un preacuerdo con la Fiscalía. El juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que no tuvo que ingresar a prisión, bajo las condiciones establecidas judicialmente.
Ahora, con el caso de Estrada, vuelve la pregunta: ¿cuántas personas más podrían haber llegado a posiciones de poder en las filas del petrismo con credenciales académicas cuestionadas? La polémica ya obligó al Pacto Histórico a activar su Comité de Ética para investigar los señalamientos, mientras la Universidad Nacional anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Por ahora, no existe una condena contra Estrada y serán las investigaciones las que determinen si hubo falsedad y quiénes serían los responsables. Sin embargo, el nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la transparencia, los filtros y la responsabilidad política de una colectividad que ha defendido públicamente sus compromisos con la ética y la legalidad.
