Un fuerte reclamo lanzó Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko y último comandante de las antiguas Farc, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con evidente indignación, cuestionó las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas y firmaron el Acuerdo de Paz de 2016. “No nos mataron en la guerra y construyendo la paz nos están matando”, expresó, al denunciar que los compromisos del Estado no se estarían cumpliendo de manera integral.
Las cifras expuestas durante la audiencia reflejan la gravedad de la situación: según un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 533 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados entre diciembre de 2016 y el 30 de octubre de 2026. A esto se suman miles de amenazas y otros hechos violentos contra los excombatientes. Londoño pidió mantener las medidas cautelares de protección y exigió respuestas sobre las investigaciones, pues, según los datos presentados por los firmantes, de 427 casos de homicidios, tentativas y desapariciones, apenas 63 habían llegado a una sentencia condenatoria.
La intervención también abrió un nuevo debate sobre la responsabilidad del Estado y la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente después de los cuestionamientos de Londoño a la estigmatización contra los firmantes. “Al Estado no le pedimos que nos regale nada, le pedimos que nos respete”, manifestó. Mientras tanto, el Gobierno defendió su postura sobre la seguridad y la política de paz, en medio de una audiencia que volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué pasó con las garantías prometidas a quienes dejaron las armas?
