La senadora Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, encendió el debate por la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín al cuestionar las medidas que buscan restringir el trabajo sexual en el espacio público. La congresista aseguró que varios artículos de la propuesta terminarían convirtiéndose en una persecución contra las trabajadoras sexuales, al limitar los lugares donde pueden ejercer e incluso, según su interpretación, su permanencia y circulación por determinados sectores de la ciudad. Por eso, calificó las disposiciones como “clasistas, aporofóbicas y misóginas” y anunció que acompañará una demanda de inconstitucionalidad.
Hank advirtió que sacar a estas mujeres de las calles no acaba con las redes de explotación sexual ni con la trata de personas, sino que podría empujarlas hacia la clandestinidad y exponerlas a mayores riesgos de violencia, extorsión y control de estructuras criminales. Según explicó, muchas son mujeres cuidadoras y cabeza de hogar que dependen de esos ingresos para sostener a sus familias. También cuestionó que se planteen restricciones sin garantizar alternativas reales de empleo, educación o emprendimiento, y señaló que el programa Parceras de la Alcaldía no tendría capacidad para atender a todas las afectadas.
La controversia surgió por la propuesta del concejal Andrés Tobón, quien busca impedir que el espacio público de Medellín sea utilizado para ofrecer servicios sexuales pagos y frenar la expansión de nuevos establecimientos dedicados a esta actividad. El corporado sostiene que detrás del negocio callejero existen estructuras criminales y redes de explotación sexual. Sin embargo, organizaciones de trabajadoras sexuales rechazan que se equipare toda la actividad con la explotación y advierten que una prohibición general podría afectar sus derechos y su mínimo vital. La discusión ya llegó a los estrados judiciales, luego de que organizaciones del sector presentaran una tutela contra la iniciativa.
