Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo y señalado como uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fue extraditado a Estados Unidos junto con otros cinco privados de la libertad. El hombre, que llegó a desempeñarse como vocero de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, es requerido por una corte de Florida para responder por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. Su traslado representa un nuevo capítulo en el caso de quien pasó de participar en acercamientos de paz a enfrentar requerimientos judiciales internacionales.
La situación judicial de alias Mocho Olmedo también está relacionada con graves hechos de violencia en el Catatumbo. En septiembre de 2026, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir. Según las investigaciones, sería responsable de 31 hechos de desplazamiento que obligaron a 84 personas a abandonar sus hogares en Tibú y El Tarra, además del presunto reclutamiento de 31 menores de edad. Henao no aceptó los cargos formulados en su contra.
Su caso también revive el debate sobre la política de paz total del gobierno Petro, pues su participación como vocero en los acercamientos con las disidencias había influido en la suspensión de los trámites de extradición. Tras permanecer detenido en Colombia y enfrentar nuevas imputaciones, finalmente fue trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2026, donde deberá comparecer ante la justicia de ese país. El caso pone nuevamente bajo la lupa los retos del Gobierno para combinar las negociaciones de paz con las investigaciones y los requerimientos judiciales contra integrantes de grupos armados
