La polémica por la presencia de uniformados armados en la terraza del Capitolio Nacional durante las marchas del 14 de octubre dio un giro luego de que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclarara quién solicitó su presencia. La senadora Jennifer Pedraza había cuestionado el despliegue y exigido explicaciones al presidente Abelardo De La Espriella, al considerar que la presencia de hombres armados en los techos del Congreso podía generar intimidación entre los manifestantes. Sin embargo, durante una sesión del Senado, Henríquez aseguró que fue él quien autorizó el ingreso de los uniformados, después de recibir una solicitud del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
Para respaldar su explicación, Henríquez dio a conocer una comunicación oficial enviada por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, integrante del equipo de seguridad de Petro. En el documento se solicitaba autorización para ubicar a dos funcionarios de la Fuerza Pública en la terraza del Congreso desde las 8:00 de la mañana del 14 de octubre, con el propósito de proteger al exmandatario durante su visita a un evento en las inmediaciones del Capitolio. El presidente del Senado argumentó que la medida respondía a las garantías de seguridad contempladas en el Decreto 1066 de 2015 para expresidentes de la República.
Tras la aclaración, Pedraza agradeció la información, pero mantuvo sus cuestionamientos y sostuvo que la presencia de los uniformados podía representar un riesgo para quienes participaban en la movilización. La senadora insistió en que la protesta no pertenecía a ningún dirigente político y que la seguridad del expresidente no justificaba, a su juicio, exponer a los manifestantes a esa situación. Así, aunque la documentación divulgada atribuye la solicitud al esquema de protección de Petro y la autorización a Henríquez, el debate político continuó alrededor de la pertinencia del despliegue y de las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.
