Lo que comenzó como una movilización contra el Gobierno nacional terminó en momentos de tensión y enfrentamientos en el centro de Ibagué. Durante la tarde del miércoles 14 de octubre, integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional intervinieron en el parque Manuel Murillo Toro para dispersar a los manifestantes que todavía permanecían en el lugar después de la marcha. Según informó Caracol Radio, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y se escucharon detonaciones que serían de bombas aturdidoras, en medio de un procedimiento que elevó la tensión entre la fuerza pública y los ciudadanos.
De acuerdo con el reporte periodístico, hacia las 2:20 p. m. todavía había decenas de personas concentradas en el parque, luego de recorrer la carrera Quinta. La situación se tornó más compleja cuando los policías rodearon a los manifestantes y se produjeron confrontaciones físicas y verbales. A través de las redes sociales, algunos participantes denunciaron presuntas agresiones y retenciones arbitrarias por parte de integrantes de la fuerza pública. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades, mientras se conocen más detalles sobre el desarrollo de la intervención y las circunstancias que desencadenaron los disturbios.
Los hechos reabrieron el debate sobre el comportamiento de algunos participantes en las movilizaciones y la actuación de la Policía frente a situaciones que alteran el orden público. Aunque el derecho a la protesta pacífica está protegido por la Constitución colombiana, cualquier conducta que constituya una infracción debe ser investigada con las debidas garantías, al igual que las posibles irregularidades cometidas durante los procedimientos policiales. Las autoridades deberán establecer si hubo personas lesionadas, capturas o daños materiales y determinar las responsabilidades correspondientes, sin criminalizar a quienes se manifestaron pacíficamente ni pasar por alto posibles abusos.
