En medio del ambiente tenso de la arena política en Colombia, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a encender el debate con unas declaraciones en las que denuncia que el Estado colombiano podría haber destinado más de 226 mil millones de pesos anuales para el sostenimiento de vehículos asignados a los esquemas de seguridad de antiguos integrantes de las FARC. Posada cuestionó este gasto en medio de la situación fiscal que atraviesa el país.
Según la congresista, información que habría sido entregada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el año 2025 da cuenta de 1.272 vehículos destinados a 2.512 miembros de esa antigua guerrilla.
Posada ha insistido en que el Estado debe garantizar la protección de quienes verdaderamente y efectivamente se reincorporaron a la vida civil, por lo que reclamó transparencia sobre las condiciones otorgadas a los antiguos jefes guerrilleros. Este “run run” pone en interrogante el destino de esos recursos y alimenta las críticas sobre los costos de protección mientras persisten las tensiones políticas y fiscales.
