Santiago Botero, excandidato presidencial, pasó de declararse multimillonario a pedirle al Estado un anticipo de 4.500 millones de pesos para su campaña. En entrevistas aseguraba tener 70.000 millones disponibles, pero en la práctica terminó financiando buena parte de su contienda con recursos públicos. Lo más llamativo es que ese dinero se gastó en apenas nueve días, justo antes de la primera vuelta de mayo de 2026.
El informe de ingresos y gastos de su campaña, registrado en el aplicativo Cuentas Claras, muestra que destinó más de 5.200 millones a propaganda electoral. Tres empresas concentraron casi todo el presupuesto: LTRES Comercializadora SAS, Cónclave LF SAS y D2 Publicidad SAS, creadas semanas antes de las elecciones y con objetos sociales tan dispares como papelería o servicios en apartamentos residenciales. En medio de esas cuentas apareció un pago cercano a 100 millones de pesos a un peluquero de Barranquilla, lo que abrió interrogantes sobre el uso real de los recursos.
El caso de Botero no es aislado: otros excandidatos también recibieron millonarios anticipos del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que diferencia esta historia es la velocidad con la que se consumieron los fondos y las dudas sobre las empresas contratadas. Más allá de las cifras, lo que queda en el aire es si el sistema de financiación electoral está blindado contra irregularidades o si, como ocurrió aquí, los recursos públicos terminan diluyéndose en gastos que poco tienen que ver con una campaña presidencial.
