Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigo clave en el escándalo de corrupción de la entidad, pidió medidas urgentes de protección tras ser trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá. La solicitud se produce luego de que el Inpec ordenara, el pasado 6 de octubre, su traslado desde una guarnición militar, donde permanecía recluido bajo condiciones especiales de seguridad.
La defensa de Pinilla advirtió que el cambio de lugar de reclusión podría poner en peligro su vida e integridad, debido a las amenazas que, según ha manifestado, ha recibido por colaborar con las autoridades en las investigaciones sobre el entramado de corrupción de la UNGRD. Su abogado, Luis Gustavo Moreno, cuestionó la decisión y pidió dejar sin efectos la resolución que ordenó el traslado, argumentando que existiría una orden judicial vigente para mantenerlo en una guarnición militar.
El caso abre un nuevo debate sobre las garantías de seguridad para quienes colaboran con la justicia en investigaciones de alto impacto. Mientras el Gobierno defiende el traslado bajo su política de acabar con los privilegios penitenciarios, la defensa insiste en que la protección de Pinilla no debe verse comprometida por su nueva ubicación. Ahora, la controversia se centra en si las autoridades garantizarán las condiciones necesarias para proteger su integridad y permitir que continúe colaborando con las investigaciones.
