El derroche en las manifestaciones políticas se acabará con el gobierno de Abelardo De La Espriella. El mandatario colombiano ha venido adelantando un decreto en el que se sancionaría la protesta violenta, además de diferenciar entre una manifestación violenta y una pacífica para que la fuerza pública pueda intervenir en esos casos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que a partir de este viernes 9 de octubre Abelardo De La Espriella tendría en su poder el decreto, que solo bastaría con su firma para que de inmediato comenzara a regir.
De manera paralela, protagonistas de la izquierda preparan unas manifestaciones en contra del gobierno del “Tigre” para el próximo 14 de octubre. La movilización ha sido convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), que respaldó al expresidente Gustavo Petro, quien ya confirmó que participará de esa jornada, así como Fecode, que también anunció su unión a esta movilización contra el Gobierno.
De acuerdo con las afirmaciones del expresidente Gustavo Petro, quien ha sido crítico de las políticas del gobierno de De La Espriella, dijo: “Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad. Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía. La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”.
Ante este llamado a las protestas y manifestaciones que se realizarán, algunos sectores consideran que podrían derivar en hechos violentos; sin embargo, el expresidente Petro pidió que fueran pacíficas, recordando que movilizaciones convocadas por centrales sindicales y respaldadas por el petrismo en el pasado terminaron en hechos violentos, como ocurrió contra el gobierno del expresidente Iván Duque en 2021.
Con el nuevo decreto, que comenzaría a regir para esa movilización, se espera que el Estado tenga mayores herramientas para dar garantías a quienes se manifiesten pacíficamente, mientras que quienes lo hagan de forma violenta podrían ser sancionados.
