El mensaje del Gobierno es contundente: hacer cumplir la ley y garantizar el orden público. Con el despliegue del ESMAD, hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y de la Fuerza Pública ante las movilizaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), crece la expectativa sobre lo que ocurrirá cuando las protestas lleguen a las vías. La presencia policial anticipa una jornada de tensión en la que estará en juego la capacidad de las autoridades para mantener la movilidad sin que la situación escale a enfrentamientos.
La gran pregunta es si las autoridades permitirán que se bloqueen corredores viales estratégicos o actuarán para evitar cierres que afecten a miles de ciudadanos. Comerciantes que necesitan abrir sus negocios, trabajadores que deben llegar a sus empleos y pasajeros que buscan movilizarse sin desvíos ni retrasos son algunos de los sectores que sienten el impacto de las protestas. El Gobierno insiste en la necesidad de preservar el orden público, mientras el despliegue de la Fuerza Pública pone sobre la mesa un escenario de posibles choques si las movilizaciones terminan en bloqueos.
La postura oficial apunta a que la protesta no puede convertirse en una excusa para paralizar la ciudad ni vulnerar los derechos de los demás ciudadanos. Sin embargo, el desafío será encontrar el equilibrio entre garantizar la libre movilización, proteger los bienes públicos y privados y respetar el derecho constitucional a la protesta pacífica. Con el ESMAD en las calles, la pregunta ya no es solamente cuánto durarán las movilizaciones, sino cómo responderán las autoridades cuando las manifestaciones pongan a prueba los límites entre el derecho a protestar y el deber de mantener el orden público.
