La denuncia que llegó a la Corte Constitucional revela un episodio doloroso en Uribia, La Guajira. El pasado 24 de septiembre, una joven indígena de 24 años entró en trabajo de parto en medio del desierto y su familia buscó ayuda en la IPS Súpula Wayúu y en la Secretaría de Salud municipal. Según el documento, las entidades habrían, presuntamente, respondido que no podían desplazarse por la distancia, la hora y las condiciones de seguridad. Esa presunta falta de atención habría terminado en la muerte de la recién nacida.
El relato entregado por la comunidad wayúu describe cómo, tras horas de llamadas y gestiones, un profesor intentó trasladar a la madre en un vehículo improvisado. En el camino, el parto se adelantó y el bebé nació sin vida. La mujer fue llevada después a la Clínica Talapui, donde recibió atención médica por el sangrado y la pérdida de su hija. La denuncia subraya el dolor de la familia, que durante horas buscó por sus propios medios una respuesta institucional que nunca llegó.
La Corte Constitucional, que desde hace años vigila la crisis humanitaria en La Guajira, ordenó al Ministerio de Salud, a las secretarías departamental y municipal, a la Nueva EPS y a la IPS Súpula Wayúu entregar un informe detallado en diez días hábiles. También pidió al Invías aclarar si la comunidad afectada está dentro de los corredores viales priorizados, mientras la Defensoría y la Procuraduría harán seguimiento. El caso vuelve a poner en evidencia las dificultades de movilidad y atención médica que enfrentan las comunidades wayúu en medio de un panorama que, lejos de mejorar, se sigue agravando.
