Montería. La historia no es solo quién llegó, sino por qué no se ha ido.
Carlina Sáenz Cuesta, encargada el 12 de agosto de 2026 de la Dirección Regional del ICBF en Córdoba, registra siete anotaciones como investigada en la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF. Así consta en el informe de procesos con corte a 2026, conocido por este medio.
De los siete registros:
- Un proceso con decisión inhibitoria del 26 de mayo de 2026 (véase la Queja No. 20260390).
- Cuatro investigaciones disciplinarias activas (véanse los expedientes 1210/2025, 1211/2025, 1212/2025 y 1213/2025, correspondientes a las quejas 20251477, 20251478, 20251479 y 20251480).
- Dos indagaciones previas (expedientes 1332/2025 y 0482/2026, quejas 20251658 y 2025174), en las cuales aparece señalada en averiguación de responsables.
Todos los procesos relacionados tienen su origen en el paso que, como directora encargada, tuvo la señora Carlina Sáenz Cuesta por la Regional Chocó del ICBF durante las vigencias 2023 a 2026.
Varias son las preguntas que se hacen madres comunitarias, operadores y veedores en el departamento de Córdoba:
Señor presidente Abelardo de la Espriella:
- ¿Por qué una funcionaria con este historial sigue manejando los recursos destinados a la alimentación de los niños?
- ¿Por qué, si su gobierno prometió cambio y transparencia, se mantiene en Córdoba a una funcionaria que viene del gobierno de Gustavo Petro y que registra cuatro investigaciones disciplinarias abiertas y dos indagaciones previas por su pasada gestión como directora encargada del ICBF en el departamento del Chocó?
- ¿Por qué se le renueva su encargo como directora en el departamento de Córdoba y se le permite gerenciar la celebración de convenios suscritos con la Universidad de Córdoba, en cabeza de su rector, Jairo Torres, para operar 47 CDI —contratación estimada en más de 3 mil millones de pesos—, pese a los procesos relacionados con su paso por la Regional Chocó del ICBF?
Según fuentes consultadas por La Lengua Caribe, Sáenz Cuesta habría llegado a las direcciones de la Regional Chocó y, en la actualidad, de la Regional Córdoba del ICBF gracias al respaldo y recomendación de su tía, Haydi Duque Cuesta, señalada por estas fuentes como una figura del progresismo cercana a la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella.
Mientras tanto, en los territorios el discurso es otro: para la selección de madres comunitarias que devengan un millón trescientos mil pesos se exige una impecable hoja de vida, pero para el manejo de los miles de millones asignados a la Regional Córdoba del ICBF surgen interrogantes sobre los criterios utilizados para designar a quienes administran estos recursos.
Este medio consultó a expertos que manejan temas relacionados con el ICBF sobre los criterios para mantener el encargo de una funcionaria con procesos vigentes y las razones por las cuales no se ha contemplado su reemplazo. Este mismo interrogante fue trasladado a la Dirección Nacional del ICBF. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no habíamos obtenido respuesta por parte de la entidad.
Los recursos de los niños son sagrados y cualquier cuestionamiento relacionado con su administración merece ser aclarado con transparencia. En este caso, los interrogantes recaen sobre la gestión de la señora Carlina Sáenz Cuesta, directora encargada de la Regional Córdoba del ICBF.
¿Qué dice la directora nacional del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera? ¿Cuáles son las razones administrativas para mantener a Sáenz Cuesta en el cargo pese a los procesos disciplinarios e indagaciones mencionados? ¿Qué responde la entidad frente a los señalamientos sobre posibles influencias políticas en la Regional Córdoba?
En el Chocó, la historia merece un capítulo especial. Cabe resaltar que durante las vigencias 2023-2026, cuando la funcionaria Sáenz Cuesta fungió como directora encargada, veedores y sindicatos de dicho departamento denunciaron retrasos en los pagos a madres comunitarias, presuntas irregularidades en la contratación y un clima laboral tenso. De acuerdo con la documentación conocida por este medio, actualmente figuran cuatro investigaciones disciplinarias y dos indagaciones previas relacionadas con su paso por esa regional.
La lógica del sistema disciplinario abre entonces un interrogante: ¿deberían aclararse primero estos cuestionamientos antes de otorgarle una nueva responsabilidad sobre recursos destinados a la niñez en otro departamento?
Sin embargo, Sáenz Cuesta pasó de la Regional Chocó a asumir como directora encargada de la Regional Córdoba, donde administra recursos destinados a la atención de niños, niñas y familias.
Según denuncias de operadores y veedores conocidas por este medio, en septiembre de la actual vigencia —a menos de un mes de asumir como directora encargada en Córdoba—, la funcionaria Carlina Sáenz Cuesta habría suscrito convenios o contratos con organizaciones campesinas domiciliadas en el departamento de Sucre. Estas organizaciones, según las mismas fuentes, serían cercanas al excongresista Mario Fernández Alcocer.
Estas alertas son graves y merecen una explicación inmediata del ICBF:
- ¿Por qué recursos destinados a la atención de los niños en Córdoba, que podrían fortalecer a organizaciones con presencia en el departamento, terminaron contratados, según las denuncias conocidas por este medio, con organizaciones domiciliadas en Sucre?
- ¿Qué experiencia, capacidad y arraigo tienen estas organizaciones para prestar servicios en los CDI de Lorica, Tierralta, Montelíbano y Montería?
Si la gestión contractual durante el paso de la señora Sáenz Cuesta por la Regional Chocó está relacionada con cuatro investigaciones disciplinarias activas y dos indagaciones previas, ¿qué garantías existen de que en Córdoba los procesos contractuales se estén desarrollando con plena transparencia y bajo criterios técnicos, jurídicos y de idoneidad? ¿Qué responde el ICBF frente a los señalamientos de operadores y veedores sobre la participación de organizaciones provenientes de otros departamentos y presuntas influencias políticas?
Este medio ya solicitó, mediante derecho de petición, los convenios suscritos y registrados en la plataforma SECOP II durante septiembre de 2026 por la Regional Córdoba del ICBF, con el propósito de constatar los montos, objetos contractuales, organizaciones contratadas y su representación legal. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se había recibido respuesta.
Los cordobeses le solicitan al presidente Abelardo de la Espriella y a la Dirección Nacional del ICBF que revisen de manera inmediata estos hechos y brinden explicaciones públicas. No es posible que existan cuestionamientos de esta naturaleza alrededor de recursos destinados a la protección, alimentación y bienestar de los niños sin que las autoridades competentes aclaren cada uno de ellos.
