El Gobierno nacional anunció una revisión a fondo de los esquemas de protección administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de verificar que los recursos públicos estén siendo destinados a personas que realmente enfrentan riesgos comprobados. La postura fue expuesta por el vocero gubernamental, Miller Soto, quien aseguró que la actual administración busca corregir prácticas que, según indicó, se habrían presentado durante los últimos años dentro de la entidad.
Durante su intervención, Soto respaldó los hallazgos presentados por el director de la UNP, Didier Fabián Blanco Rodríguez, ante el Congreso y señaló que algunos esquemas de seguridad de alto costo están siendo revisados. También afirmó que la entidad adelanta una evaluación de vehículos oficiales, contratos y medidas de protección asignadas a distintos beneficiarios, con el propósito de establecer si cumplen con los criterios técnicos exigidos para su mantenimiento.
La administración de Abelardo De La Espriella insiste en que la protección de personas con amenazas reales seguirá siendo una prioridad, pero advierte que no permitirá beneficios que, a su juicio, carezcan de justificación. Bajo esa premisa, el Gobierno plantea una reorganización de la UNP enfocada en el control del gasto y en la revisión de cada caso con base en estudios de riesgo, una tarea que promete abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de los recursos destinados a la seguridad estatal.
