La Procuraduría General de la Nación envió a la Corte Constitucional un concepto en el que respalda la declaratoria de emergencia económica realizada por el presidente Abelardo De La Espriella tras el terremoto del pasado 10 de mayo. El organismo de control consideró que las medidas adoptadas cumplen con los requisitos formales y resultan necesarias para atender la magnitud de los daños ocasionados por el sismo.
El terremoto, de 7,4 grados con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un saldo de 330 fallecidos, más de 4.000 heridos, 150 desaparecidos y más de 400.000 personas afectadas. Ante este panorama, la Procuraduría señaló que los mecanismos ordinarios previstos en la Ley 1523 de 2012 fueron insuficientes para responder a la emergencia, lo que justificó el uso de herramientas extraordinarias.
En su análisis, el Ministerio Público destacó que la rigidez del presupuesto y las limitaciones del sistema de financiación territorial impedían una reacción adecuada frente a la tragedia. Por ello, consideró “necesaria y razonable” la declaratoria de excepción, al permitir al Gobierno nacional contar con instrumentos adicionales para conjurar los efectos del desastre y atender de manera más efectiva a las comunidades afectadas.
