El debate sobre la protesta social volvió a encenderse en el Congreso tras conocerse el borrador de decreto del Gobierno que busca reglamentar la atención de las manifestaciones en el país. La iniciativa, de 24 artículos, plantea cambios en la intervención de la Policía frente a hechos violentos y ha generado posiciones encontradas entre congresistas de distintas bancadas.
Desde el Pacto Histórico, el senador Kevin Gómez cuestionó el proyecto al considerar que podría abrir la puerta a la criminalización de la protesta. Según dijo, el texto deja a criterio de la autoridad definir cuándo una manifestación se convierte en violenta, lo que, a su juicio, podría derivar en un retroceso frente a los protocolos ya existentes y en riesgos para los derechos humanos de quienes se movilizan.
Por su parte, el representante Miguel Ángel Pinto Rueda, del Centro Democrático, defendió el borrador al señalar que protege la protesta pacífica y establece que la obstrucción de una vía no convierte automáticamente una manifestación en violenta. Reconoció, sin embargo, que la Corte Constitucional ha advertido que el Ejecutivo no puede fijar límites esenciales al derecho a la protesta sin respaldo legal, por lo que el debate sobre la validez y alcance de esta propuesta seguirá abierto en el Capitolio.
