Lo que parecía una vida rodeada de lujos terminó con un operativo judicial. Lina María Muñoz Posada, alias “Lina”, fue capturada en una vivienda de lujo en jurisdicción de Rionegro, Antioquia, tras un requerimiento de Estados Unidos que podría llevarla a enfrentar un proceso de extradición. La mujer, de nacionalidad colombiana y estadounidense, es señalada por las autoridades de estar presuntamente vinculada a una estructura de lavado de activos y a movimientos financieros que son materia de investigación, además de aparecer en una acusación presentada ante una corte federal de Florida por delitos como concierto para delinquir, fraude electrónico, lavado de activos y delitos tributarios.
La captura pone nuevamente bajo los reflectores la historia de Orlando Miserandino Ortiz, esposo de Muñoz Posada, quien ya había sido detenido en Colombia dentro de un proceso relacionado con acusaciones formuladas en Estados Unidos. Investigaciones periodísticas han documentado que la pareja estuvo relacionada con bienes de alto valor en Medellín, entre ellos una mansión en El Poblado estimada en cerca de 11.000 millones de pesos, además de operaciones empresariales y la adquisición de un jet privado. De acuerdo con el expediente estadounidense citado por EL TIEMPO, Miserandino habría sido acusado de apropiarse de aproximadamente cuatro millones de dólares pertenecientes a asociaciones de condominios en Florida, aunque las cifras sobre el presunto desfalco total han variado según las fuentes.
Ahora, el futuro judicial de alias “Lina” queda en manos de las autoridades colombianas mientras avanza el trámite derivado de la solicitud estadounidense. La Fiscalía informó durante la diligencia las acusaciones por las cuales es requerida y, según reportes sobre el operativo, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía 16 Local de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Las autoridades también mantienen bajo investigación el supuesto origen y movimiento de recursos que, según los señalamientos, podrían estar relacionados con actividades criminales; estos señalamientos deberán ser definidos dentro de los respectivos procesos judiciales y no constituyen por sí mismos una condena.
