El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso a disposición de la ciudadanía un borrador de decreto que busca regular la protesta social en Colombia. El documento, de 27 páginas, plantea nuevas facultades para la Fuerza Pública en escenarios donde se presenten actos de violencia o se identifique la presencia de armas, explosivos o artefactos incendiarios. La iniciativa ya está abierta a comentarios y promete generar un amplio debate nacional.
Entre los puntos más relevantes se establece que, en casos de violencia comprobada, la Policía Nacional podrá intervenir de manera inmediata para proteger la vida, la integridad y los bienes, sin que el diálogo sea un requisito previo. También se introduce la figura del Puesto de Mando Unificado (PMU), encargado de evaluar situaciones como bloqueos de vías, ocupaciones prolongadas o riesgos sobre infraestructuras críticas, y decidir si se mantiene la mediación o se autoriza la acción policial.
El borrador contempla además un “equilibrio constitucional” que pondera el derecho a la protesta con otros derechos fundamentales como la salud, la movilidad, el trabajo y la seguridad. Se incluyen medidas como la distancia mínima de cuatro metros entre los dispositivos policiales y los manifestantes, corredores solidarios para organismos de socorro y un sistema de alertas tempranas administrado por el Ministerio del Interior. Con estas disposiciones, el Gobierno busca garantizar el ejercicio pacífico de la protesta, al tiempo que refuerza la protección de servicios esenciales y la convivencia ciudadana.
