En los últimos días han surgido confusiones y malinterpretaciones frente a algunos asuntos jurídicos relacionados con la Alcaldía de Momil. El alcalde Efrén Puche aclaró a la opinión pública que el municipio mantiene buenas condiciones fiscales y jurídicas, atendiendo oportunamente los requerimientos de las autoridades y dispuesto a colaborar con cualquier investigación. Esto ocurre luego de que se conociera sobre diligencias que una comisión de la Fiscalía habría realizado recientemente en la administración municipal, según reportes de medios locales.
La administración respalda además a la Fiscalía y demás órganos de control que proyecten instalar puntos de atención ciudadana. Puche destacó su disposición de servicio, cercanía, amabilidad, humildad y compromiso con la comunidad. En paralelo, la Contraloría de Córdoba habría reportado 28 hallazgos administrativos relacionados con la vigencia 2025: 14 con presunta incidencia disciplinaria, seis con presunto alcance fiscal por aproximadamente $1.060 millones y dos con presunta incidencia penal. Estos resultados fueron trasladados a las autoridades competentes para lo correspondiente.
Frente a estos señalamientos, es importante precisar que los hallazgos y la remisión de información a la Fiscalía o a otros organismos de control no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad. Corresponde a las autoridades competentes establecer, mediante las respectivas investigaciones y procedimientos, si existieron irregularidades y quiénes tendrían alguna responsabilidad. Además, se conoció que la Contraloría General compulsó copias a la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con un convenio de $2.100 millones para trabajos de restauración ecológica, asunto que también deberá ser esclarecido por la justicia.
