La situación jurídica del senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett se complica aún más, luego de que la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de libertad presentada por su defensa. La decisión fue adoptada este 29 de septiembre por la Sala Especial de Primera Instancia, bajo la ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, que declaró improcedente la petición de revisar la legalidad de la medida de aseguramiento en centro carcelario impuesta al dirigente cordobés dentro del proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De esta manera, Manzur continuará privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá.
La defensa había acudido al artículo 392 de la Ley 600 de 2000 para solicitar un control de legalidad, tanto formal como material, sobre la medida impuesta por la Sala Especial de Instrucción en la resolución de acusación del pasado 11 de marzo. Sin embargo, la Corte concluyó que los argumentos presentados no demostraban que la detención preventiva hubiera sido ordenada por una autoridad sin competencia, que se hubieran desconocido las reglas del proceso o que se hubiera vulnerado el derecho de defensa. Por esa razón, la pretensión de revocar la medida y recuperar la libertad no prosperó.
Manzur fue acusado por el delito de cohecho impropio en el marco de la investigación por el escándalo de la UNGRD y, el 11 de marzo, la Corte ordenó su aseguramiento en establecimiento carcelario junto con la entonces representante Karen Manrique. La investigación está relacionada con la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer la función de congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Aunque la defensa ha insistido en que acudirá al juicio para controvertir las pruebas y demostrar su inocencia, por ahora el escenario es adverso para el dirigente cordobés: seguirá detenido mientras avanza el proceso judicial.
