La decisión de Estados Unidos de revocar las visas de la senadora Martha Peralta Epieyú y del empresario Euclides Torres abrió un nuevo debate en Colombia sobre las medidas que puede adoptar Washington frente a personas que, según su política migratoria, estén vinculadas con hechos de corrupción o narcotráfico. El Departamento de Estado explicó que estas restricciones hacen parte de una estrategia regional para defender la gobernanza democrática y limitar el ingreso de ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con la evaluación del Gobierno estadounidense, puedan haber socavado gobiernos elegidos democráticamente mediante corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico. La medida también alcanza a familiares directos de los dos colombianos.
En el caso de Martha Peralta, su nombre ha estado relacionado con la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la UNGRD, en la que enfrenta señalamientos por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio. Por su parte, Euclides Torres ha sido señalado públicamente en relación con una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, es importante precisar que la decisión estadounidense fue comunicada dentro de una política general y que, hasta ahora, el Departamento de Estado no ha divulgado públicamente un expediente con las razones específicas o las pruebas individuales que llevaron a revocar las visas de cada uno.
La decisión deja abierta una pregunta que ahora genera discusión entre los colombianos: ¿está de acuerdo con que Estados Unidos les revoque la visa a personas que estén siendo señaladas o investigadas por presuntos hechos de corrupción, aun cuando no exista una condena judicial? La respuesta cobra especial relevancia porque una revocatoria de visa es una medida administrativa de Estados Unidos y, por sí sola, no determina la responsabilidad penal de una persona en Colombia.
