Un informe de inteligencia revelado recientemente encendió las alarmas en Colombia al advertir sobre la presunta presencia de estructuras vinculadas al ELN y a las disidencias de las Farc en al menos 10 universidades públicas del país. De acuerdo con el documento conocido por SEMANA, las autoridades habrían identificado movimientos de estas organizaciones en instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica, en Bogotá; la Universidad de Antioquia y otras instituciones de Medellín; además de universidades de Bucaramanga, Cali, Popayán y Neiva.
Según el reporte, las estructuras ilegales presuntamente buscarían acercarse a colectivos estudiantiles y organizaciones sociales para establecer redes de apoyo, radicalización y reclutamiento, además de aprovechar movilizaciones juveniles para promover acciones violentas. El informe también menciona posibles mecanismos de financiación y apoyo logístico, así como el riesgo de que algunos jóvenes sean trasladados a zonas rurales para recibir entrenamiento y posteriormente regresar a las ciudades. Sin embargo, se trata de información de inteligencia que deberá ser corroborada por las autoridades competentes y no constituye, por sí sola, una sentencia ni demuestra que estudiantes o comunidades universitarias estén vinculados con grupos armados.
La revelación ha provocado un fuerte debate sobre la seguridad dentro de los campus y sobre los límites entre la protesta estudiantil, la autonomía universitaria y la actuación de organizaciones armadas ilegales. El informe advierte además sobre un eventual intento de utilizar manifestaciones sociales para generar escenarios de desestabilización urbana similares a los registrados durante las protestas de 2021, una hipótesis que también ha generado controversia política. Por ahora, el alcance real de la presunta infiltración y la responsabilidad de las personas que eventualmente estarían involucradas deberán ser establecidos mediante investigaciones formales.
