El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció el pasado jueves el retiro de Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional conformada por más de 40 países que promueve la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. La decisión, comunicada oficialmente por la Cancillería, generó sorpresa debido a que Colombia ejercía la copresidencia del mecanismo junto a España para el periodo 2025-2027.
Tras la polémica que se desató en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el país cuenta con un marco constitucional y legal sólido para garantizar los derechos de las minorías sexuales y de género. El viceministro Pedro Agustín Roa señaló que existen políticas públicas y sentencias de la Corte Constitucional que respaldan estas garantías, por lo que el retiro de la coalición no implica un desconocimiento de los compromisos internos en materia de derechos humanos.
La decisión, sin embargo, fue cuestionada por distintos sectores. La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó la medida y recordó que los derechos humanos no pertenecen a ninguna ideología, sino que son obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. En su pronunciamiento, advirtió que la discriminación contra personas LGBTIQ+ sigue derivando en violencia y recordó cifras recientes de la Fiscalía y Medicina Legal sobre asesinatos y transfeminicidios en el país.
