En Moñitos, la voz de la comunidad se levanta con fuerza. Vecinos denuncian presuntos favorecimientos políticos en instituciones locales como el CAMU y la empresa de agua, así como decisiones que, según ellos, habrían beneficiado a personas cercanas al alcalde José Félix Martínez Bravo. La inconformidad se aumentó con el anuncio de desalojos en terrenos donde familias han construido sus viviendas y vivido por años, un proceso que involucra la presencia del ESMAD y que, de acuerdo con los habitantes, podría devolver la propiedad a su antiguo dueño, Eladio Ballestas, con presuntos vínculos políticos.
Los cuestionamientos también apuntan al crecimiento patrimonial que se atribuye al entorno del mandatario: supuestas fincas de más de 40 hectáreas, presuntos vehículos de alta gama y la supuesta construcción de un hotel frente al mar. A esto se suma la inquietud por un supuesto crédito municipal de $4.200 millones, del cual la comunidad asegura que apenas una fracción habría sido destinada a obras como el acueducto de Los Volaos, mientras, según los habitantes, proyectos como la avenida Brasil permanecen inconclusos. Ahora, se habla de un nuevo crédito y los ciudadanos preguntan: ¿dónde están las obras?, ¿quiénes se benefician?, ¿por qué volver a endeudar al municipio?
El clamor es claro, los habitantes exigen a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía investigar presuntos contratos, créditos y posibles conflictos de interés. “Moñitos no es propiedad de ningún político”, repiten con indignación, recordando que los recursos y las instituciones pertenecen al pueblo. En medio de la incertidumbre, la comunidad pide documentos, cuentas claras y responsables, porque detrás de cada denuncia hay familias que sienten que su tierra, su esfuerzo y su futuro están en juego.
