El presidente Abelardo De La Espriella anunció este viernes el cierre de los procesos de negociación y espacios sociojurídicos heredados del gobierno de Gustavo Petro con estructuras criminales. Además, aseguró que revocó la designación de los representantes del Gobierno en la mesa con el ELN y cuestionó duramente los recursos destinados durante los últimos cuatro años a quienes participaron en esas conversaciones.
Según denunció De La Espriella, durante el gobierno Petro se habrían destinado más de $7.000 millones en honorarios para voceros, representantes y negociadores, mientras, a su juicio, los grupos armados continuaron fortaleciéndose. El mandatario mencionó a Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Quiceno, cuyos nombramientos, afirmó, quedaron revocados, y calificó el proceso de “falsa paz”.
Con la frase “se acabó la falsa paz”, el presidente marcó distancia definitiva frente a la política de diálogo de su antecesor y aseguró que en su gobierno los grupos criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. La decisión abre nuevamente el debate sobre cuánto dinero público se destinó a la llamada “paz total” de Petro y qué resultados concretos dejaron esas negociaciones frente al crecimiento de la violencia y las estructuras armadas.
