El debate sobre los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) volvió a encenderse tras conocerse que Juliana Guerrero, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro condenada por falsificación de títulos, contó durante meses con un robusto esquema de escoltas pese a no ejercer ningún cargo público. La suspensión reciente de esa protección abrió cuestionamientos sobre las decisiones tomadas en su momento por el Ejecutivo.
La polémica se intensificó luego de que el activista Josias Fiesco comparara el caso de Guerrero con el del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado mientras solo contaba con dos escoltas. Fiesco señaló que Petro habría defendido en varias ocasiones a Guerrero, mientras que a Uribe no se le garantizó un esquema de seguridad proporcional a su rol político y a los riesgos que enfrentaba. “Con la mitad del esquema que le dieron a Guerrero se podría haber evitado el magnicidio”, afirmó.
La discusión plantea un interrogante de fondo: ¿cómo se definen las prioridades en la asignación de protección estatal? Mientras avanza el proceso judicial contra Guerrero y se mantiene el duelo por la muerte de Uribe, voces críticas insisten en que el gobierno debe explicar por qué se otorgó un esquema tan amplio a una exfuncionaria cuestionada y no a uno de los senadores más votados del país.
