Juliana Guerrero reconoció ante la justicia que presentó títulos universitarios falsos con el propósito de cumplir los requisitos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro. En una audiencia realizada el 9 de septiembre, la joven aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal y pidió perdón al país, a su familia y a quienes confiaron en ella. El juez avaló el preacuerdo con la Fiscalía y la condenó a tres años de prisión, una pena que, según reportes judiciales, es excarcelable.
Pero el caso volvió a encender la controversia política por la reacción de Gustavo Bolívar, quien, aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido, pidió que Guerrero tenga la posibilidad de reconstruir su vida. “Admitió haber presentado títulos que sabía falsos para aspirar al Viceministerio y debe responder por ello”, escribió Bolívar, antes de cuestionar el trato que reciben algunas personas en Colombia y preguntar por qué Guerrero no podría tener una segunda oportunidad. El mensaje llega después de que el juez le reprochara a la joven que lo ocurrido no podía calificarse simplemente como un error, pues se trató de una conducta deliberada.
El caso, además, dejó abierta una discusión que trasciende a Guerrero: el posible doble rasero con el que se juzgan las conductas irregulares dependiendo del poder, los apellidos o las conexiones políticas de quienes las cometen. La investigación estableció que Guerrero no había cursado las materias ni cumplido los requisitos académicos para obtener los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública que presentó para acreditar su formación. La Fiscalía también investigó la participación de un exfuncionario de la Fundación Universitaria San José en la expedición de los documentos. Así, la confesión de Guerrero cierra una etapa judicial, pero deja abierta otra batalla política: la discusión sobre el mérito, el poder y las oportunidades de quienes buscan llegar a cargos públicos.
