El presidente Abelardo De La Espriella anunció la firma del decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Según explicó, la medida busca garantizar que los ciudadanos que cumplen la ley puedan acceder a permisos bajo estrictos controles, mientras se mantiene la ofensiva contra el armamento ilegal en manos de organizaciones criminales.
De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario, entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. El reporte también señala que 980 armas fueron vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN, incluyendo fusiles y morteros de alto poder destructivo. Para De La Espriella, estos datos reflejan la verdadera amenaza que enfrenta el Estado y justifican la necesidad de ajustar la política de porte legal.
El presidente enfatizó que la decisión no implica un porte indiscriminado, sino la eliminación de una suspensión que convertía la prohibición en regla. “Al ciudadano de bien, garantías dentro de la ley; al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley”, afirmó. Con este decreto, el Gobierno busca reforzar la seguridad ciudadana y al mismo tiempo intensificar la persecución contra las estructuras armadas ilegales que operan en el país.
