La Corte Constitucional le puso un fuerte llamado de atención a Augusto Rodríguez Ballesteros, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por las declaraciones que entregó públicamente sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay y aspectos de la vida privada de su familia. El alto tribunal determinó que Rodríguez excedió los límites de la libertad de expresión y consideró que sus afirmaciones podían transmitir la idea de que las actuaciones del exsenador tuvieron alguna incidencia en las circunstancias del atentado que terminó con su vida.
La decisión, adoptada tras una tutela presentada por María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, señala que se divulgó información que debía permanecer bajo reserva y que algunas afirmaciones sobre el esquema de seguridad fueron inexactas. La Corte concluyó que estas actuaciones afectaron los derechos a la honra, el buen nombre y la memoria de Miguel Uribe, además de los derechos de petición, información y verdad de su familia. Sin embargo, el tribunal aclaró que Rodríguez no fue considerado responsable de la narrativa relacionada con un supuesto “autoatentado”.
Ahora la UNP deberá ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe mediante una rueda de prensa de alcance nacional y tendrá un mes para actualizar sus protocolos sobre la información reservada de los esquemas de protección. Además, deberá responder de fondo la solicitud de rectificación presentada por Tarazona. La Corte también lanzó una advertencia sobre el trato institucional a la oposición política y pidió evitar discursos oficiales que puedan convertirse en “narrativas estigmatizantes” contra quienes ejercen ese derecho.
