El Congreso de la República recibió este martes 1 de septiembre el proyecto conocido como ‘Ley Anticapuchos’, una iniciativa impulsada por los representantes Jaime Arizabaleta y Julio César Triana que busca crear un nuevo delito para quienes oculten deliberadamente su identidad durante una manifestación y utilicen esa condición para cometer actos vandálicos. La propuesta contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales, y plantea que estas condenas sean no excarcelables.
El proyecto también establece circunstancias agravantes cuando durante los hechos se utilicen explosivos, sustancias corrosivas o artefactos peligrosos, o cuando las acciones afecten hospitales, instituciones educativas, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales. La iniciativa además busca endurecer las sanciones contra quienes, mediante actos ilícitos, bloqueen vías o infraestructura de transporte poniendo en riesgo la vida, la salud pública, el medio ambiente o el derecho al trabajo, con penas que también llegarían hasta los ocho años.
Los promotores aseguran que la propuesta no pretende castigar la protesta pacífica, sino diferenciarla de los actos violentos cometidos por personas que ocultan su identidad para evitar ser identificadas. Sin embargo, el proyecto ya genera debate por sus implicaciones frente al derecho a la protesta y al uso de capuchas durante las manifestaciones. Por ahora, no es una ley vigente: apenas inicia su trámite en la Cámara de Representantes y deberá superar los debates correspondientes antes de convertirse, eventualmente, en norma.
