“¡No es Supermán, es Abelardo!” La frase de Vicky Dávila para referirse a Abelardo De La Espriella resume la imagen con la que el nuevo mandatario ha comenzado a construir su gobierno: la de un presidente dispuesto a cumplir su promesa de campaña de enfrentar con firmeza a los grupos armados y al crimen. A menos de un mes de haber asumido el poder, De La Espriella ya ha dejado claro que la seguridad será una de las banderas centrales de su administración. Su discurso de “mano dura” fue precisamente uno de los pilares de su campaña presidencial.
Uno de los primeros mensajes fuertes llegó incluso antes de su posesión, cuando De La Espriella dio un ultimátum a los grupos armados para que se sometieran al Estado de derecho y advirtió que en su gobierno no habría “ofertas generosas”. Ya instalado en la Casa de Nariño, el nuevo Gobierno ha comenzado a marcar distancia con la estrategia de seguridad de la administración Petro y a apostar por una respuesta mucho más contundente contra el narcotráfico y las estructuras armadas. Para sus simpatizantes, se trata del cumplimiento de una promesa: poner orden donde, según ellos, durante años reinó la permisividad.
Pero la otra cara de esta apuesta ya genera críticas. Sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan que la búsqueda de seguridad no termine convirtiéndose en una política de excesos o en decisiones que desconozcan garantías fundamentales. Así, mientras sus seguidores celebran al mandatario que prometió “mano dura” y comienzan a verlo como el hombre que llegó a poner a temblar a los delincuentes, sus detractores advierten que el verdadero desafío será demostrar que seguridad y respeto por los derechos humanos pueden avanzar juntos.
