La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar los esquemas de seguridad que tenían Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y el activista Beto Coral, tres personas cercanas al petrismo. La decisión se tomó después de revisar sus respectivas condiciones de riesgo y determinar que, según la entidad, no existían motivos suficientes para mantener las medidas de protección. El caso genera polémica debido a que estos esquemas habían sido otorgados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En el caso de Guerrero y Coral, la decisión puede ser apelada dentro de los próximos 10 días.
La situación de Gabriela Muñoz ya había generado controversia luego de que se conociera que recibió un esquema de seguridad antes de finalizar la administración Petro, bajo el argumento de su pertenencia a un grupo político. Muñoz, quien ha sido señalada por presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil, sostuvo que las medidas obedecían a amenazas que había denunciado ante la Fiscalía. Sin embargo, fuentes del ente acusador aclararon que la Fiscalía no solicitó directamente su protección, sino que pidió evaluar su nivel de riesgo. Además, los tres esquemas representaban un costo cercano a los 40 millones de pesos mensuales para el Estado.
En paralelo, Juliana Guerrero enfrenta una investigación de la Fiscalía por la presunta utilización de títulos falsos de la Universidad San José para su hoja de vida y posterior posesión como viceministra de las Juventudes, además de otras denuncias relacionadas con supuestos beneficios económicos por trámites de contratos estatales. Beto Coral, por su parte, regresó a Colombia después de ser deportado de Estados Unidos, un episodio que el gobierno de Donald Trump presentó como un supuesto abuso de las normas de asilo. Ahora, los tres quedan sin los esquemas de protección, aunque Guerrero y Coral todavía tienen la posibilidad de recurrir la decisión de la UNP.
