Una serie de denuncias y cuestionamientos relacionados con la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Córdoba vuelve a poner bajo la lupa el manejo de millonarios recursos destinados a la alimentación y atención de niños, niñas y familias del departamento. Los señalamientos corresponden a contratos ejecutados durante el periodo del expresidente Gustavo Petro y apuntan a varias asociaciones que habrían participado como operadores del ICBF. Según las denuncias, se requiere establecer si los recursos fueron utilizados en su totalidad para el propósito contratado o si, presuntamente, parte de estos dineros habría terminado en actividades ajenas a la atención de la población infantil.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el supuesto vínculo de algunas de estas asociaciones con sectores políticos del departamento de Córdoba. Entre los señalamientos puestos en conocimiento de la opinión pública se plantea la posibilidad de que recursos provenientes de la contratación del ICBF hubieran sido utilizados presuntamente para financiar actividades relacionadas con la campaña a la Cámara de Representantes de un candidato del Pacto Histórico en Córdoba, como se escucha en las calles de Montería que dicho congresista habría sido presuntamente elegido con la plata de la alimentación de los niños. Esta afirmación, hasta el momento, constituye un señalamiento que deberá ser establecido o descartado por las autoridades mediante una investigación que permita revisar contratos, movimientos financieros, proveedores, facturas y demás soportes de ejecución.
La situación toma especial relevancia con la llegada de María Carolina Restrepo Cañavera a la dirección del ICBF, quien fue designada durante el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Los ciudadanos, organizaciones sociales y sectores que han expresado preocupación por la contratación en Córdoba esperan que la nueva administración revise de manera rigurosa la ejecución de los contratos celebrados durante el periodo anterior y determine si existieron irregularidades. Entre las preguntas que permanecen abiertas está si algunas organizaciones tenían realmente la capacidad administrativa y financiera para manejar los millonarios recursos que les fueron asignados y si los alimentos y servicios contratados llegaron efectivamente a los niños beneficiarios.
Por ello, los denunciantes han pedido que la Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Contraloría y la Procuraduría revisen hasta el último peso de estos contratos y establezcan, si corresponde, posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. También se espera que los representantes legales de las asociaciones cuestionadas puedan explicar ante las autoridades cómo fueron administrados los recursos, quiénes fueron sus proveedores y cuál fue el destino final del dinero.
Estas millonarias contrataciones con asociaciones ponen en el ojo del huracán a sus representantes legales, ya que muchos de ellos tal vez desconocen el manejo administrativo de sus agremiaciones y el destino que tuvieron los recursos. Es por eso que se hace un llamado directamente a la nueva directora del ICBF y al presidente de la República para que se realice una auditoría exprés en la Regional Córdoba, con el propósito de establecer si, como se ha denunciado, hubo un presunto desvío o manejo irregular de los recursos del Bienestar Familiar en esta regional. Mientras estos hechos se esclarecen, las entidades involucradas continúan en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción, y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existieron irregularidades y quiénes serían los responsables.
