La denuncia de la exfiscal Lucy Laborde ha sacudido a la opinión pública y reabierto el debate sobre la independencia judicial en Colombia. En entrevista con Semana, Laborde aseguró que la entonces fiscal general Luz Adriana Camargo le habría pedido retirar el delito de lavado de activos en el proceso contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, y dejar únicamente enriquecimiento ilícito. Según su relato, se negó porque consideraba que las pruebas respaldaban ambos delitos, lo que habría desencadenado presiones y su salida de la entidad.
El testimonio de Laborde incluye detalles delicados: afirma que Camargo le preguntó por las consecuencias de una condena por lavado de activos y, tras escuchar que Nicolás Petro podría ingresar a la Lista OFAC, presuntamente, sugirió dejar solo enriquecimiento ilícito con una pena larga cumplida en una guarnición militar. La exfiscal sostiene que después de negarse perdió investigadores, apoyo y recursos, y que trabajó prácticamente sola en un expediente con millones de pruebas. “Me apartó de mi familia, me hostigó, me presionó”, denunció.
La Fiscalía aún no ha entregado una versión oficial sobre estas acusaciones, que deberán ser contrastadas y esclarecidas por las autoridades competentes. Laborde también mencionó presuntas filtraciones de información reservada hacia la defensa de Nicolás Petro y posibles intentos de modificar los delitos investigados. Aunque aclaró que no puede afirmar una influencia directa del expresidente Gustavo Petro en las decisiones de Camargo, sí dijo haber visto señales que le generaban sospechas. El caso, por ahora, abre un debate mayor sobre la transparencia y autonomía en los procesos judiciales más sensibles del país.
