La salida de César Pachón de la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) dejó bajo revisión una serie de contratos y decisiones administrativas que han generado debate. Según lo revelado por la revista Semana, durante su gestión se firmó el contrato 1626-2026 con la Policía Nacional, por un valor de 3.000 millones de pesos, destinado a disponer de una aeronave para desplazamientos oficiales. El convenio, vigente hasta diciembre de 2026, deberá ser evaluado por el nuevo presidente de la entidad, Orlando José Dangond.
El mismo reportaje señala la existencia de contratos con autoridades indígenas, Roberto Nacogüi Awigui y Mariana Gil Daza, quienes habrían sido vinculados como “mayor” y “mayora” en la estructura de la ADR. De acuerdo con documentos oficiales, su función estaba descrita como apoyo en la ruta étnica de la entidad, aunque funcionarios consultados por el medio sostienen que realizaban rezos y cantos dentro de la sede para “alejar malas energías”. También se mencionan contrataciones de personas cercanas a Pachón, como Fernando Moreno y César Augusto Ramírez, con supuestas remuneraciones superiores a los 10 millones de pesos mensuales.
Otro punto que generó cuestionamientos fue la misión a China con productores de cacao. Pachón habría promovido la apertura de ese mercado, pero los registros oficiales de exportaciones muestran que durante su administración no se enviaron despachos de cacao en grano hacia ese país. Lo que se presentó como una apuesta de internacionalización terminó sin resultados en cifras, dejando a la nueva administración la tarea de revisar compromisos, contratos y expectativas. Más allá de la polémica, lo que queda en evidencia es la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas, para que las promesas se traduzcan en hechos verificables y beneficios reales para el campo colombiano.
